Chile reconoce y se reencuentra con su territorio

Capítulo del documento de Océanos Azules Un Nuevo Pacto Social para Chile

Por todas las razones detalladas precedentemente es que Océanos Azules propone entender y gestionar el país desde su territorio y su población y no desde la obsoleta y burocrática estructura tradicional del Estado Central

Deben transferirse poderes y competencias desde la administración central hacia los gobiernos regionales y locales, los que, a su vez, para recibirlas y ejercerlas requieren también una completa re ingeniería, teniendo enorme cuidado con generar duplicidades de facultades y gastos. Hay países que han cometido el tremendo y costoso error de duplicar o triplicar las administraciones, lo que ha contribuido a incrementar la burocracia, las presiones de gasto público y a superponer autoridades con atribuciones que entran en conflictos paralizantes para el Estado y la sociedad.

Pero, con estos cuidados, debe emprenderse con urgencia y voluntad política un amplio y profundo proceso de transferencia de poderes a favor de las comunidades de las regiones, de las ciudades y de las comunas.

Esta afirmación tiene que ser parte del acuerdo país que permita el establecimiento de un nuevo contrato político, económico y social. Es decir, debe haber al respecto un consenso transversal y generar una política de Estado sobre el contenido, las intensidades y las velocidades, de tal forma que el proceso tenga continuidad en el tiempo independientemente de la sucesión de gobiernos. Y ese consenso debe partir desde los ciudadanos e incorporarlos como actores protagónicos.

Una cosa debe quedar muy clara: la descentralización y la desconcentración del poder no sólo tiene su fundamento en un ansia democratizadora. Es además una necesidad ineludible porque el actual sistema, centralista y centralizador, es muy ineficiente, lento y costoso.

Todos los grandes temas del país, sus mayores problemas y sus oportunidades son intersectoriales y transversales en lo territorial. Ellas son habitualmente abordadas o eludidas por un Estado concebido para la realidad del siglo XX, en el que la vivienda era una prioridad, los grandes proyectos de infraestructura solo podían ser gestionados desde un potente ministerio en Santiago y la agricultura, la minería y la pesca requerían políticas públicas y recursos especiales bajo supervisión del Estado central. El Ministerio del Interior era y sigue siendo el encargado del orden público, la seguridad interior y la administración del territorio, junto con liderar las tareas políticas de todo el gobierno. Tal acumulación de funciones hace imposible desempeñarlas todas con simultánea eficacia.

Por ello es que los grandes temas actuales, los del siglo XXI, no pueden ser abordados de un modo eficiente e integral. El medio ambiente, el transporte público, la asignación y uso de los recursos naturales y del agua, las demandas energéticas, la gestión y calidad de vida en barrios y ciudades, la masificación de Internet, la política de inmigración, la expansión del consumo de drogas entre los jóvenes, la educación y la paz social, (mal entendida como seguridad ciudadana), al ser asuntos totalmente intersectoriales, con expresiones territoriales importantísimas, no tienen cómo ser resueltos satisfactoriamente por una superestructura administrativa y política organizada en compartimentos estanco, creados hace décadas a partir de problemas o enfoques del pasado.

Las comisiones o comités interministeriales, que se anuncian con gran despliegue mediático y que después no arriban a nada, porque simplemente con esa forma de trabajar no se puede avanzar, son la prueba evidente del colapso del sistema administrativo híper centralizado del Estado chileno.

¿Cuántos años llevan todos estos problemas sin solución real?

Por estas razones de peso es que la modernización del Estado es indivisible a la descentralización y desconcentración de competencias y atribuciones. Dicho de otro modo, sin descentralización y desconcentración no hay modernización del Estado.

Sin embargo, este proceso supone enormes cambios en la estructura política y administrativa del país, que tiene que estar preparada para recibir y ejercer en forma responsable y eficiente los nuevos poderes. Junto con esto es vital constituir en las regiones masas críticas de profesionales y recursos humanos calificados.

Una decisión de deslocalizar territorialmente todas las empresas públicas y alcanzar un acuerdo con el sector privado, que establezca beneficios tributarios por trasladar desde Santiago a regiones la dirección efectiva de las empresas ubicados en ellas, podría ciertamente contribuir de un modo significativo a la generación de masa crítica capaz de ejercer las nuevas competencias.

¿Qué le pasaría a Antofagasta si la sede de CODELCO se trasladara a esa ciudad, con cientos de profesionales y técnicos? Y si otro tanto sucediera en Punta Arenas con el traslado de la ENAP, o a Concepción siendo sede del Banco del Estado, o a Valparaíso recibiendo a SERNATUR y CORFO, por poner solo algunos ejemplos?.

De igual forma debe estimularse la especialización de las universidades públicas regionales, de tal manera que un joven que quiere estudiar agronomía lo haga en Talca, porque allí está la mejor universidad del país en la materia, ocurriendo lo mismo con Ingeniería Minera en Copiapó, Ciencias Forestales en Los Angeles, Medicina Veterinaria en Osorno o Acuicultura en Puerto Montt.

Junto con este esfuerzo debe realizarse una tarea mayor, aunque con gradualidad y cuidado: debería crearse un servicio civil único que reemplace la obsoleta, injusta e ineficiente estructura de plantas del Estado. Una planilla que además se duplica con otra compuesta por asesores, profesionales y técnicos, que trabajan por años como funcionarios pero sin previsión, seguro de salud ni estabilidad laboral. Esta es una gran oportunidad para trasladar a las SEREMIS regionales, la mayor parte de los funcionarios del gobierno central, con una carrera funcionaria transparente, basada en el mérito y con posibilidades de desarrollo personal y familiar. Esa también debe ser parte de la nueva masa crítica de las regiones.

Los Ministerios nacionales y regionales deberían reestructurarse a partir de las nuevas prioridades del país. Por ejemplo, el Ministerio de Economía debería ser sustituido por uno dedicado a las PYME. La educación y la salud públicas, deberían dirigirse desde corporaciones regionales y la fiscalización del sistema educacional debería realizarla una Superintendencia que supervisara la enseñanza general, técnico profesional y la universitaria. El ministerio de vivienda debería ser reemplazado por Alcaldías Mayores en las principales ciudades de Chile, dejando solo a nivel central competencias regulatorias generales en materia de urbanismo y normas sobre calidad de la construcción.

Eso es: ministerios regionales, empresas regionales, universidades regionales, educación y salud regionales. Esa es la envergadura del cambio que estamos proponiendo al Estado chileno. Al mismo tiempo puede establecerse desde ahora, sin necesidad de cambios constitucionales o legales inmediatos, que los gobiernos regionales decidirán sobre el destino del 100% de los recursos sectoriales que se les asignen en la ley de presupuestos de la nación.

Obviamente estamos hablando de otro tipo de gobiernos regionales y no de la estructura actual.

Hemos propuesto que el consejo regional y su presidente sean elegidos directamente y que los intendentes puedan ser revocados por plebiscito auto convocado por un número importante de ciudadanos. Que el destino de los recursos públicos de asignación regional sea decidido libremente por el Consejo y que se introduzca el plebiscito regional en determinadas materias relevantes.

En cuanto a la gestión local urbana, proponemos concebir una institucionalidad de ciudades y no simplemente de comunas, aún en los casos en que los territorios coinciden, ya que esta última es simplemente un concepto propio de la división político-administrativa del país, que no considera los temas intersectoriales, lo urbanístico, la calidad de vida, la planificación o la dirección coordinada de medios y recursos.

Queremos barrios y vecinos y no solo casas de deudores habitacionales, áreas verdes y espacios públicos integrados,, sistemas de transporte eficientes, idealmente no contaminantes e infraestructuras a escala humana.

Como lo sostienen numerosos urbanistas, la medida debe ser la planificación y la gratuidad en el uso de los bienes y espacios públicos y no la sucesión de negocios sobre ellos, con fines de financiamiento municipal , de obras de ingeniería o de proyectos inmobiliarios, generalmente concebidos desde las empresas constructoras, con el apoyo de funcionarios públicos cooptados o para los que la opinión de las personas tiene escaso valor a la hora de tomar decisiones sobre las infraestructuras. En otros casos los efectos del mercado como asignador de recursos y espacios urbanos, son devastadores para la vialidad de las ciudades, generando congestión vehicular, emisiones contaminantes, impacto visual , ruidos y todo tipo de externalidades negativas. El ejemplo de lo sucedido con el mall Costanera Center ahorra palabras y fundamentos a la hora de probar los resultados de la ley de la selva.

La calidad de vida de las personas se mide en parte importante por la cantidad de cosas que estos pueden realizar gratuitamente en las ciudades. Así lo repiten hasta el cansancio sin ser escuchados todos los urbanistas y arquitectos. Esta debe ser una nueva prioridad.

Los ciudadanos están hartos del vacío institucional que implica no tener autoridades que gestionen las ciudades como un todo, de políticas contradictorias y de la indolencia de los poderes públicos frente a estos temas. Mientras tanto, proliferan los proyectos inmobiliarios en el límite de los planos reguladores, la anarquía y masificación de antenas celulares, las inundaciones por falta de obras de aguas lluvia, la contaminación proveniente de los automóviles, el transporte público inseguro y de mala calidad, los sistemas de calefacción a leña que hacen irrespirable el aire de las ciudades del sur de Chile, las calles cerradas por los vecinos y la segregación de los barrios y comunas.

Santiago es el epicentro de todos estos estropicios urbanos. Basta mirar la forma como se ha expandido la ciudad por intereses inmobiliarios y por la falta de una política pública de densificación para entender bien lo que está sucediendo.

Los planes de vivienda impulsados por el MINVU han contribuido a acentuar todos estos problemas, especialmente porque es el valor del suelo el principal criterio ordenador, lo que ha derivado en urbanizar terrenos agrícolas (originalmente de menor valor y en la periferia de la ciudad) para construir viviendas sociales. Con ello, en menos de dos décadas, comunas como Puente Alto, Maipú o La Pintana pasaron a tener millones de habitantes, con la presión subsiguiente para extender las líneas del metro, las calles y los colectores de aguas lluvia. Mientras tanto, el centro de Santiago al sur de la Alameda y al Poniente de la Norte Sur, que tienen toda la infraestructura adecuada, están subutilizadas porque se han despoblado en forma significativa.

Ante esta realidad, la Comisión encargada por el gobierno para el estudio de todos estos temas concluye que no es necesaria la figura de un alcalde mayor. Pero la verdadera razón para rechazar su creación es que ningún sector político quiere tener autoridades electas con tanto poder. Nuevamente priman aquí los intereses de unos pocos por sobre los de la mayoría.

Queremos gobiernos locales abiertos a la comunidad, que tengan recursos suficientes para fomentar, entre otras cosas importantes, la prevención del consumo de drogas, la capacitación laboral y el entretenimiento sano de los jóvenes. Que tengan proyectos y recursos para crear o mejorar espacios públicos, parques y plazas, y que trabajen junto a la comunidad organizada para prevenir los delitos, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo y la deserción escolar. Que potencien las juntas de vecinos, las organizaciones comunitarias y los centros de padres. Que gestionen con eficiencia y probidad la infraestructura deportiva y los recintos comunitarios. En fin, que utilicen la informática para pedir la opinión de los vecinos sobre los temas que les afectan, y que deban convocar a plebiscito comunal frente a cambios en los planes reguladores o en los destinos del suelo.

Desde los inicios de la república los gobiernos de Chile han adoptado decisiones relevantes con el objeto de poblar el territorio, desarrollarlo o hacer soberanía. La traída de inmigrantes alemanes para ocupar el sur, la creación de zonas francas, la colonización de Aysén y Magallanes, son casos que demuestran esta afirmación. Este es un gran momento de nuestra historia para volver a hacerlo de una manera inteligente y eficaz, para volver a tener una política migratoria activa y de doblamiento de nuestro país.

Creemos que uno de los grandes desafíos que tenemos como país consiste en ser capaces de ofrecerle a toda una generación de jóvenes, la posibilidad seria y verdadera de vivir en las regiones, de ocupar nuestro territorio en forma diferente. Para ello se requieren tres cosas importantes: trabajo, educación de calidad y un sistema de salud descentralizado y eficiente. Generar estas condiciones es una meta posible y realista.

Naturalmente estas propuestas invitan a la realización de un esfuerzo de largo aliento y titánico. Esa es también la dimensión de los problemas que hoy paralizan al Estado. Estas son tareas que deben desarrollarse en el período de varios gobiernos. Suponen un gran acuerdo nacional y un cambio de rumbo. También es probable que exista voluntad y buenas ideas al respecto en todos los sectores políticos y sociales. Pero empecemos de una vez porque en el siglo XXI requerimos un nuevo Estado, con cuadros profesionales y potencia técnica, con recursos, y que se anticipe a los problemas para solucionarlos oportunamente.

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