Una idea central del proyecto ciudadano que encarna Eduardo Frei en esta candidatura presidencial consiste en afirmar que Chile debe avanzar más en lograr la inclusión justa de todas las chilenas y chilenos a nivel político, regional, social y económico. La inclusión política justa implica hacer un esfuerzo al menos en las siguientes direcciones: 1) ampliar el padrón electoral con los no inscritos; 2) integrar al ejercicio de los derechos ciudadanos a los chilenos que viven en el extranjero y 3) dar representación y participación a las fuerzas políticas excluidas del sistema político, denominadas ocasionalmente izquierda o fuerzas políticas extraparlamentarias, etnias indígenas, inmigrantes y las minorías discriminadas por sexo o condición socio económica. 

Esto supone crear un Programa País que es ambicioso que convoca a todos los que quieran tener una carta fundamental que equilibre la representación con la participación y que responsabilice mejor a quienes tienen poder ante toda la ciudadanía chilena. 
Trabajar por la inclusión política justa significa equilibrar el poder del Presidente con el Congreso, revisar las atribuciones y responsabilidades de la Contraloría, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral, el Banco Central, la Corte Suprema, para asegurar que cada uno de estos órganos constitucionales sean representativos en su composición y responsables en sus funciones y que atiendan las demandas de todos los chilenos.

Por su parte a nivel regional la inclusión justa significa revisar las demandas regionales e instalar gobiernos regionales en consejos elegidos directamente  por sus ciudadanos con participación de los intendentes. Significa reforzar gradualmente la autonomía política y presupuestaria de cada una de las regiones, equilibrando también dentro de cada región los recursos y atribuciones que se destina a cada capital regional y respectivamente a cada una de sus provincias y comunas y trabajar junto con el sector privado empresarial y las universidades públicas y privadas para reforzar la masa crítica de profesionales y funcionarios que los gobiernos regionales necesitan para asumir sus responsabilidades. 

Trabajar por la inclusión social justa implica además tomar la decisión de reducir al máximo la extrema pobreza y fortalecer a aquellos que habiendo salido de ella corren riesgo de volver a estar en una posición desaventajada. Por eso implica realizar un refuerzo de las políticas que favorecen los grupos que cumplen funciones familiares en Chile, y comprende la revisión de los programas de apoyo en los establecimientos educacionales para combatir la drogadicción, la delincuencia e incentivar el trabajo bien hecho e inculcar el sentido de responsabilidad personal desde la más temprana infancia. La idea de inclusión justa también implica terminar con la prohibición constitucional que los representantes políticos tengan vínculos con la dirigencia sindical o estudiantil y supone incentivar el diálogo social y la mayor presencia pública y en los medios de los dirigentes sindicales y otros dirigentes sociales cuyas demandas hoy permanecen silenciadas y preteridas. 

Trabajar por la inclusión social justa también supone reforzar el componente igualitario de los derechos, es decir reconfigurar el derecho a la salud, la educación, el trabajo, el derecho a la sindicalización, el derecho a la seguridad social entre otros derechos económicos y sociales para que en estos no sólo se enfatice su aspecto de libertad o el principio de no interferencia del Estado sino también se asegure el principio de la igualdad y la no discriminación. La idea de la inclusión social justa también supone reforzar incentivos y políticas de apoyo a la familia en sus múltiples formas de organización, para que todas las personas que tienen la responsabilidad de criar a los ciudadanos chilenos del futuro sientan que la sociedad por medio de la atención pronta y eficaz de sus servicios públicos les tiende una mano en esta importante tarea, cada vez que se requiere de su ayuda.

Por su parte la inclusión económica justa implica debatir con más y mejores herramientas el uso del presupuesto en el Congreso y no en las cuatro paredes de una o más oficinas ministeriales y comprometer a más actores políticos en la decisión sobre los fondos públicos a las propuestas que han sido aprobadas en forma unánime por el Senado y otras entidades representativas de la República de Chile. La idea de inclusión económica justa significa también aprovechar de revisar la carga tributaria y la estructura de los subsidios para distribuirlos mejor del modo que comprometan con sus beneficios y cargas a todos los chilenos. Finalmente, el uso de las nuevas tecnologías para incluir a todos en los beneficios del progreso, también será una prioridad en un gobierno que promueve como meta principal una justicia igual para  todos los habitantes de nuestra patria.

Por Pablo Ruiz-Tagle