El 21 de diciembre pasado, en un nuevo gesto de estadista, el candidato presidencial Eduardo Frei Ruiz-Tagle anunció la inclusión, en su programa de gobierno, de una propuesta de reformas tributarias y la creación de una comisión presidencial para abordar la estructura impositiva vigente, en línea con las instancias que con éxito impulsó la Presidenta Bachelet.
Lo anterior ha sido interpretado como un potente gesto hacia el sector progresista que encabezó el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, logrando -en un breve plazo- un alto grado de sintonía entre esta propuesta tributaria y los planteamientos formulados por los asesores de MEO. También se verifica una especial coincidencia entre las ideas expuestas por estos últimos durante todo el segundo semestre y las propuestas de reforma tributaria analizadas desde comienzos de este año por la comisión de reforma fiscal de Océanos Azules, integrada por diversos expertos de los ámbitos académico, público y privado.
La discusión acerca del sistema tributario chileno está instalada y al parecer existe consenso en torno a la necesidad y oportunidad de dicha discusión. Resultaría bastante impresentable que los mismos quienes ahora dicen promover cambios en la estructura tributaria luego se opongan a su aprobación en el Congreso.No obstante, el verdadero tema de fondo radica en que la ciudadanía desde hace tiempo viene manifestando, a través de diversos canales, que ya es hora de revisar la equidad de nuestra legislación tributaria. Ello no sólo obedece a que toda normativa es perfectible y que debe adaptarse a los tiempos, sino que constata que el actual sistema tributario chileno adolece de una falta de armonía evidente. No debe olvidarse que cuando la injusticia de la carga tributaria ha llegado a niveles intolerables, los pueblos se han rebelado incluso contra imperios.
La forma en que se distribuyen las cargas sociales es un factor gravitante para mantener la paz social, supuesto básico para el desarrollo. La diferencia de tasas y el tratamiento dispar que rige a personas y empresas de por sí ya configura un elemento distorsionador, sin mencionar las inequidades que genera el andamiaje de resquicios legales que, a la larga, permiten que quienes ganan más paguen menos impuestos, en perjuicio de las familias de clase media que viven de su trabajo y que no tienen acceso a sofisticados esquemas de elusión tributaria. Un sistema tributario óptimo no debiera desincentivar el esfuerzo ni el trabajo; por el contrario, debería incentivar el ahorro y el crecimiento de las familias, fomentando la educación de los hijos, la salud y el deporte.
Sería un grave error enfocar los impuestos única y exclusivamente como una mera fuente de recaudación o de financiamiento de los programas estatales. El financiamiento de las arcas fiscales debe siempre entenderse como un medio y nunca como un fin en sí, aunque a veces los tecnócratas se confundan. En concordancia con lo planteado por MEO, el sistema tributario debería cumplir un rol regulador y apuntar a sentar las bases para una sociedad justa y equitativa que apoye a las familias. Asimismo, los impuestos deberían servir como una importante herramienta para combatir externalidades negativas (como la contaminación, el consumo de alcohol y tabaco), en tanto debiesen incentivar el uso de energías renovables (por ejemplo, gravando con impuestos a las generadoras a carbón y eximiendo de IVA la importación de activos destinados a la generación de energías limpias u otorgando beneficios a empresas de generación eólica, solar, etc. ) y apoyar todas aquellas inversiones y tecnologías que vayan en beneficio del medio ambiente y de las comunidades locales.
Solo cumpliendo estos estándares y con el apoyo de todos los sectores progresistas de nuestro país, podrá Chile aspirar a ser una nación verdaderamente justa y moderna en todos los ámbitos, digna de ser considerada como un par entre los demás países miembros de la OCDE.
Medardo Lagos Koller
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