Portugal ha aprobado recientemente un régimen de regularización tributaria para elementos patrimoniales que se encontrasen fuera de su territorio a 31 de diciembre de 2009. En grandes líneas, esta medida excepcional se aplica a depósitos bancarios, valores mobiliarios y otros instrumentos financieros tales como fondos de inversión y determinados seguros de vida-ahorro. Se prevé el pago de un impuesto del 5% del valor de los activos y, dato muy importante, no es necesario transferirlos a entidades financieras portuguesas. La fecha límite para acogerse a esta medida es el 16 de diciembre de 2010 y su efecto práctico es la eliminación de las responsabilidades fiscales y penales relacionadas con la falta de declaración ante el fisco portugués de los correspondientes hechos imponibles. 

El debate de fondo enfrenta dos planteamientos naturalmente antagónicos. Uno, de carácter ético, que considera que este tipo de medidas deslegitima el sistema tributario y el fomento de una conciencia general de cumplimiento solidario de sus obligaciones. Otro, de carácter práctico, que aprecia especialmente la recaudación generada con la medida y la inyección de capital que a una economía maltrecha le puede llegar a suponer. Y es aquí dónde “el ejemplo portugués” nos puede dar algunas claves para una propuesta.

La primera de ellas es que la medida no puede amparar la regularización de fondos procedentes de actividades ilícitas (corrupción, tráfico de drogas, terrorismo, etc.), por lo que las responsabilidades penales derivadas de ellas no quedarían nunca salvadas por la por la amnistía fiscal. Otro aspecto relevante del sistema portugués es que resulta aplicable tanto a personas físicas, como a personas jurídicas (sociedades, asociaciones, etc.), elemento acertado porque permite extender el ámbito de aplicación de la medida a un perímetro más realista. Queda por perfilar qué ocurre en aquellos supuestos de titularidad fiduciaria (trust, fundaciones, etc.), cosa ésta de gran importancia, pues suelen ser un claro exponente de patrimonios sucesorios atrapados en esquemas poco eficientes y con claros deseos de ser regularizados.
Pero quizás lo más relevante del sistema implantado es la flexibilidad del mismo. Se ha huido de pretender capturar los fondos en esquemas de financiación pública, así como de vincularlos a las entidades financieras portuguesas con la finalidad de incrementar su solvencia. Al contrario, se permite que los elementos patrimoniales se mantengan en estados del Espacio Económico Europeo. Esta circunstancia ya se dio en la regularización italiana y no fue óbice para que su Presidente anunciara haber conseguido repatriar más de 80.000 millones de euros, superando ampliamente sus previsiones . En definitiva, una tendencia cada vez más clara en el entorno europeo.

Centrándonos ahora en Chile ,estamos viendo los efectos devastadores del terremoto en la economía de las regiones afectadas así como el impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. Urge la reconstrucción, la cual no es ni sencilla ni rápida, pero no cave duda de que cuantos mas recursos económicos se dispongan para ella menos tiempo tendrán que sufrir esas regiones y esas familias las condiciones adversas en las que se encuentran. Así pues si el gobierno fuera un poco mas creativo y aplicara medidas como las que ya han implementado algunos estados europeos: Cuanto dinero adicional se podría recaudar (sin subir mas los impuestos) y cuanto más se podría acelerar la reconstrucción en beneficio de las personas y zonas afectadas??